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miércoles, 21 de julio de 2010

Guía de atención integral de los abortos no punibles.

Estos últimos días se puso sobre la mesa mediatica argentina el tema del aborto legal, luego de que el Ministerio de Salud publicara una Guía de atención integral de los abortos no punibles.

Dicha guía permitiría que las mujeres violadas o aquellas cuya vida corre riesgo debido al embarazo, puedan abortar de forma segura en hospitales sin necesidad de dar intervención a la justicia, lo que habilitaría a los médicos actuar con rapidez en aquellos casos en que el aborto está permitido, contando únicamente con el consentimiento de la mujer mediante declaración jurada, luego de ser informadas acerca de las implicancias del procedimiento para su salud.
La importancia de esta sorpresiva (?) medida, radicaría en garantizar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, así como también el derecho a la salud, entendido como el bienestar físico, psíquico y social (según OMS) y no únicamente como "ausencia de enfermedad"

Sin embargo la Guía, en principio publicada por el Ministerio de Salud, y respaldada por numerosas organizaciones y sectores, incluyendo la corte suprema y las diputadas Diana Conti y Juliana Di Tullio, resulto ser "un error"
Hoy salió un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que el ministro, Dr Juan Luis Manzur "no ha firmado resolución alguna" y si bien no se puso en vigencia la Guía 2010, sigue en vigencia la del 2007, que aún siendo muy similar a la que se difundió hace unos días, se diferencia en dos aspectos fundamentales: La nueva Guía deja constancia expresa de la definición de salud de la OMS (Con lo cual el riesgo para la salud de la mujer también incluye factores psicológicos y sociales), y contempla la posibildad de abortar a requerimiento de la mujer con solo presentar una declaración jurada en la que manifieste haber sido víctima de violación.

Por supuesto la polémica está instalada, al parecer Manzur declaró que no va a firmar la nueva guía, y las mujeres violadas tendrán que seguir sometiendose a un sistema judicial lleno de vicios patriarcales para ver si pueden acceder a decidir sobre su propio cuerpo en los casos permitidos por la ley.

Solicitar la firma de esta Guía
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lunes, 10 de mayo de 2010

Firmas por el derecho al aborto legal

El 28 de Mayo es el día internacional de acción por la salud de las mujeres, y desde la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos invitan a juntar firmas para que el proyecto de ley presentado el 11 de Marzo de este año sea tratado en el Congreso.

¡Votá por nuestros derechos!

Para más información sobre las actividades que se llevarán a cabo, visitar este link.
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jueves, 17 de septiembre de 2009

Argibay, dura con la Iglesia, reavivó la polémica de legalizar el aborto


La jueza de la Corte Suprema de Argentina defendió la postura de respaldar con la ley la libertad de elegir de las mujeres, porque la interrupción de un embarazo es "algo que ocurre". Reclamó implemetar la educación sexual obligatoria y exhortó a un debate serio.

La ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay, volvió a pronunciarse a favor de la legalización del aborto, dijo que de hecho esa práctica actualmente "es algo que ocurre" y exhortó a abrir el debate para promover un cambio en la legislación en torno a la interrupción del embarazo. Además, criticó con dureza a la Iglesia Católica por su oposición a los métodos anticonceptivos.

"La primera necesidad es la educación para poder tomar una decisión con conocimiento. Las mujeres deben conocer todos los métodos", dijo la jueza que reclamó la implementación de la educación sexual "en todas las escuelas" e instó a "sancionar" a quienes no cumplan con la ley. Luego criticó a la Iglesia por oponerse a los anticonceptivos: "Con una pandemia de sida, esa posición es criminal", dijo.

La magistrada expresó estos conceptos en el marco de un encuentro organizado por la Asociación Católica por el Derecho a Decidir-Córdoba, donde pidió por la "libertad de la mujer para decidir" y se explayó: "Ojalá podamos dejar de crisparnos e insultarnos, dejemos de lado el tabú, podamos intercambiar ideas y puntos básicos para esta discusión y reconozcamos que el aborto es algo que ocurre, que es parte de nuestra naturaleza humana".

Argibay destacó los problemas que le trajo plantear su posición con respecto al aborto, al afirmar que tiene "un terrible entripado" por la imposibilidad "de debatir esto en la sociedad". Por tal motivo, apuntó contra "algunos grupos" que se dedicaron a "empañar la discusión haciendo imposible el debate".

"No dejan discutir las ideas básicas. A mí me han gritado muchas veces asesina, abortista. Ese no es un argumento. Somos prolibertad de decidir. No somos abortistas. Abortistas son los que no quieren que nazca ningún bebé", sostuvo y agregó: "No es lo mismo la vida antes del nacimiento que después".

"Un feto no puede vivir sin la madre, no es independiente hasta que nace. Recién cuando nace puede ser considerado persona desde el punto de vista jurídico", argumentó al defender en su disertación el "derecho a decidir" de las mujeres ante un embarazo no deseado. En esa línea, dijo que "la dignidad de la vida y la libertad es tomar una decisión estando informada y sabiendo las responsabilidades que eso implica".

"El tema es cómo hacemos para hablar de esto. La dignidad de las mujeres pasa también por la igualdad de oportunidades que se nos niega (al obligarnos a continuar con un embarazo que no se quiere)", comentó. Argibay afirmó no tener dudas de que "hay que cambiar el artículo que admite el aborto para casos de violación de una mujer idiota o demente, (para que abarque) a cualquier violación". Finalmente destacó: "Un embarazo no deseado puede ser tan trágico en un momento, en una familia, como un embarazo forzado".

http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=29774
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sábado, 12 de septiembre de 2009

Jornada Latinoamericana por el derecho al aborto

Se realizará en Mendoza, Argentina. Para más información visitar Pan y Rosas
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miércoles, 28 de enero de 2009

Avanza la despenalización del aborto (Argentina)


Por Jaime Rosemberg
De la Redacción de LA NACION

A toda velocidad y mientras los flashes mediáticos apuntan a la discusión parlamentaria de la estatización del sistema jubilatorio, el kirchnerismo en la Cámara de Diputados avanza con una serie de modificaciones en el Código Penal tendientes a ampliar los casos de aborto no punible y a eliminar la obligatoriedad de una denuncia judicial para decidir la interrupción del embarazo como consecuencia de una violación.

Las comisiones de Legislación Penal y de Familia de la Cámara de Diputados discutieron, durante la semana pasada y a nivel de asesores, el proyecto presentado por las diputadas kirchneristas Nora César y Juliana Di Tulio (Buenos Aires), por el que se modifica el artículo 86 del Código Penal en lo que se refiere a los casos de aborto no punible, hoy circunscripto a los de violación contra una "mujer idiota o demente".

En el artículo 1° del nuevo proyecto, que obtuvo preferencia para su tratamiento en el recinto con despacho de comisión, se autoriza la realización del aborto "con el fin de evitar un peligro para la salud o la vida de la mujer". Se omitió así el párrafo siguiente, hoy en vigor, que no castiga la operación "si ese peligro no puede ser evitado por otros medios". Según la diputada de Pro, Cynthia Hotton (Capital), "al eliminar ese párrafo, se habilitaría el aborto aun existiendo otras alternativas".

En el artículo 4, el proyecto establece que si el embarazo fuera producto de una violación "no podrá exigirse denuncia penal para comprobar la relación sexual no consentida" y tampoco "se podrá exigir autorización judicial para realizar el aborto" cuando se trate de los casos no punibles, según el Código Penal.

En los considerandos del proyecto, Di Tulio y César niegan que se esté frente a una ampliación de los permisos para abortar, aunque afirman: "Si le exigiéramos a la mujer una denuncia penal de su violación para poder abortar, la obligaríamos a judicializar una situación fáctica cuando, en realidad, puede optar por no habilitar a la Justicia a que investigue, sin perjuicio de lo cual no debe perder su derecho de abortar. Denunciar y abortar no van de la mano, son cuestiones independientes".

Según Hotton y sectores de la Iglesia que critican la reforma, en cambio, con estas modificaciones se establece un peligroso precedente, pues entienden que "se estaría dejando la decisión de abortar a la sola manifestación de la embarazada".

Además, especifican, "no se puede prohibir la actuación de la Justicia, que determina las causales de exculpación. Hay que partir de que el aborto es un delito y que algunos artículos de este proyecto son disculpas a la eventual sanción para los médicos que los realicen".

El proyecto tiene amplio consenso en bancadas opositoras, como la Coalición Cívica, la UCR y el socialismo.

"Estos cambios clarifican y ayudan a que en los hospitales públicos se sepa cuáles son los casos de aborto no punibles", afirmó a LA NACION la diputada socialista Silvia Ausburguer (Santa Fe). Según esa legisladora, "Brasil contemplaba el sistema de denuncia policial y lo eliminó un año después porque no tenía sentido".
Respaldo opositor

El radical Pedro Azcoiti (Buenos Aires) confirmó que su partido apoyará las modificaciones "porque -dijo- clarifican el sentido de la norma".

Hotton, vicepresidenta segunda de la Comisión de Familia, criticó que el proyecto no pase por la Comisión de Salud, que encabeza el diputado Sylvestre Begnis (FPV-Buenos Aires), también firmante de la iniciativa.

"Tengo esperanzas de que la presidenta Kirchner intervenga según sus convicciones, como seguramente lo hará Tabaré Vázquez, en Uruguay", dijo Hotton, en referencia al anunciado veto del presidente de ese país a la ley de despenalización del aborto que acaban de aprobar los legisladores.

El miércoles pasado, los diputados uruguayos sancionaron una ley de salud sexual que incluye un capítulo que despenaliza el aborto. La votación fue por 49 votos en favor y 48 en contra.

El artículo 8 autoriza a que "toda mujer decida la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas" de gestación. Los artículos 9 al 14 establecen las condiciones para abortar, entre las que se mencionan "penurias económicas, sociales, familiares o etarias". También establece las restricciones y los deberes del médico.

La iniciativa provocó un fuerte rechazo de la Iglesia. Anteayer, la Conferencia Episcopal del Uruguay informó que, según el Código de Derecho Canónico, quienes apoyaron esta iniciativa se alejaron de la Iglesia y, por ende, están impedidos de recibir los sacramentos.

En tanto ayer, el gobierno santafecino del socialista Hermes Binner tuvo el primer entredicho con la iglesia de esa provincia. Fue cuando el ministro de Salud, Miguel Angel Capiello, aseguró que "no debería penalizarse a una mujer que se practica un aborto" y sostuvo que "tampoco debería ser una obligación denunciar este tipo de prácticas".

La respuesta partió del arzobispo de la diócesis santafecina, monseñor José María Arancedo: "El aborto no es negociable. Si existe vida, esa vida reclama respeto y derechos. Es autónoma", opinó.

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1068359
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Hay fundamento jurídico para la despenalización (Argentina)


Diario Página 12, Buenos Aires - 10/07/2005

NELLY MINYERSKY ANALIZA EL TEMA ABORTO

"Hay fundamento jurídico para la despenalización"

Es abogada, experta en Familia. Aquí explica sobre qué fundamentos jurídicos podría despenalizarse el aborto en el país y por qué no
violaría la Constitución Nacional ni pactos internacionales como el de San José de Costa Rica o la Convención de los Derechos del Niño.

Por Mariana Carbajal

Su escritorio desborda de libros y apuntes con los que va hilvanando sus palabras. Días atrás dejó con la boca abierta al auditorio de la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, donde preside la Comisión de Bioética, al afirmar que "hay muchísimos fundamentos jurídicos para
despenalizar el aborto". En una entrevista con Página/12, la abogada Nelly Minyersky desgranó sus ideas y rebatió los principales argumentos
de quienes, con la muletilla de la defensa de la vida desde la concepción, sostienen que avanzar hacia la despenalización sería violatorio de la Constitución Nacional.

Minyersky es una veterana del Derecho, experta en cuestiones de Familia. Además de trabajar en su estudio, desarrolla una vasta tarea académica: es investigadora, profesora consulta de la UBA, directora de la carrera de Posgrado Interdisciplinaria de Especialización en Problemáticas Sociales Infanto-Juveniles de la Facultad de Derecho y titular del Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, entre otras múltiples actividades. En los últimos años ha sido asesora de Unicef y también coautora de diversas propuestas
legislativas y varios libros.

Antes que nada, Minyersky aclara que habla a título personal, para no comprometer a ninguna de las instituciones a las que pertenece, y que no
es penalista ni constitucionalista. La suya, dice, "es una visión humanista" sobre la problemática del aborto, "de respeto a la autonomía
y a la no discriminación" hacia las mujeres.

-¿Llegó el momento de abrir el debate por la despenalización?

-Creo que sí. En primer lugar, debemos reflexionar sobre la siguiente situación: se habla oficialmente de unos 500 mil abortos al año, cifra
que nunca ha sido desmentida. Quiere decir que ese hecho existe. Existe, al mismo tiempo, un incremento en la tasa de internaciones postaborto.
Pero las condenas judiciales son muy pocas. Por otro lado, hay decenas de mujeres que sufren daño físico o mueren como consecuencias de abortos inseguros realizados en la clandestinidad: recordemos que el aborto es la principal causa de muerte materna en nuestro país. Esto nos muestra la ineficacia del sistema que penaliza el aborto, y el daño que está provocando: en pos de la defensa a la vida, éste es el mayor instrumento contra la vida. Es un absurdo. Constitucionalistas de la talla de Andrés Gil Domínguez y Germán Bidart Campos han dicho: vivimos en una democracia social, donde muchos pensamos distinto. En un Estado democrático se trata de punir sobre lo que todos estamos de acuerdo. Por
ejemplo, el asesinato de una persona de 20 años es considerado un asesinato por la mayoría de la población. Pero con respecto al aborto no
hay un criterio unánime. Hay diversas posiciones sobre cuándo comienza la vida, cuándo un ser se convierte en persona, sobre si el aborto debe
ser sancionado penalmente...

-¿Qué debería hacer el Estado ante esta situación de posturas divergentes?

-Debería abstenerse y dejar de penalizar el aborto. Esto no significa que obligue a la gente a abortar.

-Los sectores que se oponen a la despenalización argumentan que sería inconstitucional la despenalización porque el Pacto de San José de Costa
Rica habla del derecho a la vida desde la concepción. ¿Es correcto este abordaje?

-No, porque el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 3º inciso 1º, dice textualmente: "Toda persona tiene derecho a que se respete su
vida. Este derecho está protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción". Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque
Bidart Campos decía que este "en general" implica no siempre; no siempre estamos hablando desde el momento de la concepción. Este artículo
plantea que hay que proteger a la embarazada, teniendo en vistas que quiere estar embarazada, que tiene ese proyecto de vida de tener un
hijo; si la protejo a ella estoy protegiendo a ese ser que va a llegar a ser persona cuando nazca.

-¿Qué otros fundamentos jurídicos podrían tomarse en cuenta para plantear la despenalización?

-Aída Kamelmajer (miembro del Superior Tribunal de Mendoza), que para mí es una de las mujeres más inteligentes del país, afirma: "Se puede decir
que la vida humana en formación está protegida constitucionalmente y también se puede decir que es constitucional un sistema que despenalice
el aborto porque atiende a otro tipo de valores existentes en la sociedad como, por ejemplo, que la realidad sociológica demuestra que los efectos de la penalización del aborto llevan a la destrucción de vidas de mujeres". Quiere decir que no se oponen a la despenalización legislaciones cuyas constituciones protegen la vida humana en formación.

-Los grupos "pro vida" equiparan al aborto con un asesinato. ¿Qué dice al respecto?

-Es una interpretación sumamente parcial. Hay muchísimas interpretaciones jurídicas. Hasta la Iglesia Católica no siempre consideró en la misma forma cuándo comienza la vida. Hay otras teorías que hablan de que la vida comienza a partir de la anidación, cuando se forman determinados elementos neurológicos. A través de la historia y la ciencia ha habido distintas posiciones sobre esa cuestión. Pero hay que diferenciar claramente la vida con la persona. No siempre que digo que hay vida quiere decir que hay una persona. En mi dedo puedo decir que hay vida, pero si se me desprende el dedo no puedo decir que es una persona. Mi dedo no existe sin mí. El Código Civil, que es tan invocado, dice que hay vida desde el momento de la concepción, pero también precisa que todos los derechos que se puedan adquirir están sujetos al nacimiento. Lo dice textualmente el artículo 70. Esto significa que el feto si nace con vida tiene derechos, si no, es como si no hubiera existido. Entonces, no es lo mismo que una persona.

-La Convención Internacional de los Derechos del Niño, también incorporada a la Constitución, ¿es contraria a la despenalización del aborto?

-Hay gente muy de derecha que ahora plantea que el artículo 86º del Código Penal (que contempla los casos de aborto no punibles) es
inconstitucional no sólo porque dicen que está en contra del Pacto de San José de Costa Rica con un argumento falaz, como dije, sino porque
sostienen que está en contra de la Convención de los Derechos del Niño.

Cuando Argentina ratificó este tratado, hizo algo que dijo que eran reservas, pero que para muchos constitucionalistas no tienen ese status,
por la forma en que fueron planteadas, es decir, por una cuestión técnica. En el artículo 1º, la Convención nos habla de los derechos de
los niños desde el nacimiento hasta los 18 años. En este punto, la Argentina dijo que para el país el comienzo de la vida es desde la concepción. Esta Convención como otros tratados internacionales fueron incorporados a la Constitución en la reforma de 1994 en el artículo 75º
inciso 22º. En el inciso siguiente del mismo artículo se incorporó este texto: "Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante
el embarazo y dentro de la lactancia".

-¿Habla nada más del cuidado del embarazo?

-Claro, no nos está diciendo si el ser que crece en el vientre materno es persona o no es persona, o si está prohibido el aborto. Al analizar
las discusiones en la Convención Constituyente se observa que muchos de sus participantes, como (Carlos) Auyero y (Raúl) Alfonsín, dijeron que
sólo se había incluido un concepto que tiene que ver con la seguridad social. Alfonsín dijo con toda claridad: "Se trata de una iniciativa que
podría estar perfectamente vinculada a la legislación de un país que acepta el aborto como es Suecia y también podría estarlo a un país como
Irlanda que lo prohíbe".

-Los tres jueces de la Suprema Corte bonaerense que días atrás votaron en contra de autorizar un aborto terapéutico privilegiaron la vida del
ser por nacer antes que la de la madre. ¿Cómo interpreta esa decisión?

-Esa mujer tiene dos hijos. Si ella muere van a quedar huérfanos. ¿Cómo puede ser que se privilegie algo que a lo mejor va a ser persona, que
tiene los elementos como para llegar a ser una persona, pero que no lo puede ser mientras no salga del seno materno? Es inaceptable. Nadie está
a favor del aborto. Estamos tratando de analizar cómo se previene esta situación, que es muy traumática para cualquiera hasta cuando se realiza
en buenas condiciones de asepsia. La única forma eficaz de que haya menos abortos es la prevención, con leyes de derechos reproductivos para
toda la población sin discriminación de edad, con métodos anticonceptivos al alcance de todos, con educación sexual. Este es uno
de los casos paradigmáticos en los que queda a la vista que se trata de una sociedad muy hipócrita porque, por un lado, lograr que haya
educación sexual, que se difundan los derechos reproductivos, que haya leyes que los protejan, parece una tarea ímproba. Fíjese que la mayoría
de los casos de abortos que salen a la luz tienen que ver con mujeres muy pobres, que no tienen cubiertas sus necesidades básicas. ¿Qué pasa?
¿Las otras mujeres no se embarazan, no abortan? Es un claro ejemplo de discriminación. Las otras o abortan en el sector privado o han tenido
acceso a educación y prevención, es decir, han podido ejercer sus derechos sexuales y reproductivos.

Fuente: RIMA - Red Informativa de Mujeres de Argentina

http://www.derechoalaborto.org.ar/artic/despen.htm
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Ana María Acevedo: Cuando el dolor se vuelve injusticia


Ana María Acevedo falleció de cáncer el jueves 17 de mayo de mayo en Santa Fe. A causa de un embarazo de tres semanas le negaron la posibilidad de iniciar un tratamiento y de apelar a un derecho contemplado en el Código penal: el aborto terapéutico. El próximo lunes 28 de mayo, las organizaciones de mujeres convocan a movilizarse por el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer y se lanzará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.

La historia de Ana María Acevedo es el reflejo de una realidad que padecen cientos de mujeres pobres, a las que la justicia les niega obcecadamente la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Con 20 años de edad, Ana María Acevedo, oriunda de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe y mamá de tres hijos de 4, 2 y 1 año, falleció el jueves 17 de mayo, producto de un cáncer en el cuello, diagnosticado en noviembre del año pasado. La crónica de su dolor comienza hace un año atrás, cuando Ana María recurre al SAMCO de su localidad a causa de un fuerte malestar de muelas. A pesar de la atención, los dolores continuaron y recién, después de cuatro meses, las autoridades del centro de salud la derivaron al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le extraen una parte del tumor, detectado en las partes blandas de su cuello, sin explicarle que en su estado, no podía quedar embarazada y la derivan al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe.

En diciembre, Ana María Acevedo llega hasta el hospital para comenzar su tratamiento de quimioterapia y rayos. Sin embargo, el Comité de Ética y sus directivos le negaron la posibilidad de acceder a una terapia que al menos, le pudiera brindar algún camino posible ante el cáncer. Le informaron que tenía un embarazo de tres semanas, pero nada le dijeron acerca de su derecho, contemplado en el artículo 86 del código penal, de apelar a un aborto terapéutico.

Cuatro meses después, ya con su embarazo de 5 meses y con el mismo dolor intenso que venía soportando desde el mes de mayo, le realizan una cesárea al detectarle incompatibilidad sanguínea con el feto. Por este mismo motivo, Ana Maria había solicitado tiempo atrás la posibilidad de realizarse, ante riesgo de embarazo, una ligadura de trompas, que también le fue negada.

En abril de este año, Ana María se somete a la cesárea y el recién nacido logra vivir solo 24 horas. Ya con su estado de salud deteriorado, con un cáncer avanzado, con fuertes dolores y sin ningún tipo de tratamiento posible, Ana María entra en coma farmacológico y muere, con tan solo 20 años y con tres hijos pequeños, el 17 de mayo en el Hospital Iturraspe.

“Una vez más se incumple la ley en la Argentina y se somete a una mujer a correr un grave peligro para su vida y se desprotege la vida de sus tres pequeños hijos. Una vez más esto le pasa a una mujer joven y que vive en situación de pobreza”, afirman desde las organizaciones de mujeres que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gGratuito, y además, reclaman “¡Basta de injusticia! ¡basta de impunidad para quienes en lugar de cumplir con la misión de sanar a las personas a la que los obliga su condición de médicos/as, ponen por delante sus creencias personales y terminan haciendo abandono de personas, que en definitiva es atentar contra su salud y su vida!” .

Desde la Multisectorial de Mujeres expresaron su “profundo repudio al avasallamiento de los derechos a la salud y a la vida” y manifestaron que “Ana María sufrió discriminación por ser analfabeta, poseer escasos recursos materiales y simbólicos para lograr comunicarse y exigir la atención médica adecuada, no tuvo ni una sola oportunidad de elegir sobre su cuerpo”.

En una nota de opinión publicada en el diario La Capital, el miércoles 23 de mayo, Viviana Della Siega, de Insegnar, decía “se suceden las muertes de las mujeres pobres porque una red de intereses, prejuicios, hipocresía e insensibilización ha decidido negarles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo” y también denunciaba la falta de implementación de la educación sexual en las escuelas a pesar de estar sancionada desde hace 15 años en la provincia, la mala distribución de anticonceptivos en todos los sectores sociales y la violación de derechos que contemplan la interrupción de embarazos en casos no punibles. “El reciente caso de Ana María es una muestra de ello. Y así estamos, frente a una muerte que quizás, se podría haber evitado.”

http://www.enredando.org.ar/noticias_desarrollo.shtml?x=33507
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Él y Ella

Si al aborto terapéutico

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