Estos   últimos días se puso sobre la mesa mediatica argentina el tema del   aborto legal, luego de que el Ministerio de Salud publicara una Guía de  atención  integral de los abortos no punibles.
Dicha guía permitiría  que las  mujeres violadas o aquellas cuya vida corre riesgo debido al  embarazo,  puedan abortar de forma segura en hospitales sin necesidad de  dar  intervención a la justicia, lo que habilitaría a los médicos  actuar con  rapidez en aquellos casos en que el aborto está permitido,  contando  únicamente con el consentimiento de la mujer mediante  declaración  jurada, luego de ser informadas  acerca de las  implicancias del procedimiento para su salud.
La importancia de esta sorpresiva (?) medida,  radicaría en garantizar el ejercicio de  los derechos sexuales y  reproductivos, así como también el  derecho a la salud, entendido como  el bienestar físico, psíquico y  social (según OMS) y no únicamente como  "ausencia de enfermedad"
Sin  embargo la Guía, en principio publicada por el Ministerio de Salud, y  respaldada por numerosas organizaciones y  sectores, incluyendo la corte  suprema y las diputadas Diana Conti y  Juliana Di Tullio, resulto ser "un error"
 
Hoy salió un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que el ministro, Dr Juan Luis Manzur "no ha firmado resolución alguna" y si bien no se puso en vigencia la Guía 2010, sigue en vigencia la del 2007, que aún siendo muy similar a la que se difundió hace unos días, se diferencia en dos aspectos fundamentales: La nueva Guía deja constancia expresa de la definición de salud de la OMS (Con lo cual el riesgo para la salud de la mujer también incluye factores psicológicos y sociales), y contempla la posibildad de abortar a requerimiento de la mujer con solo presentar una declaración jurada en la que manifieste haber sido víctima de violación.
Por supuesto la polémica está instalada, al parecer Manzur declaró que no va a firmar la nueva guía, y las mujeres violadas tendrán que seguir sometiendose a un sistema judicial lleno de vicios patriarcales para ver si pueden acceder a decidir sobre su propio cuerpo en los casos permitidos por la ley.
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