Ana María Acevedo falleció de cáncer el jueves 17 de mayo de mayo en Santa Fe. A causa de un embarazo de tres semanas le negaron la posibilidad de iniciar un tratamiento y de apelar a un derecho contemplado en el Código penal: el aborto terapéutico. El próximo lunes 28 de mayo, las organizaciones de mujeres convocan a movilizarse por el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer y se lanzará la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito.
La historia de Ana María Acevedo es el reflejo de una realidad que padecen cientos de mujeres pobres, a las que la justicia les niega obcecadamente la posibilidad de acceder a un aborto legal, seguro y gratuito. Con 20 años de edad, Ana María Acevedo, oriunda de la localidad de Vera, provincia de Santa Fe y mamá de tres hijos de 4, 2 y 1 año, falleció el jueves 17 de mayo, producto de un cáncer en el cuello, diagnosticado en noviembre del año pasado. La crónica de su dolor comienza hace un año atrás, cuando Ana María recurre al SAMCO de su localidad a causa de un fuerte malestar de muelas. A pesar de la atención, los dolores continuaron y recién, después de cuatro meses, las autoridades del centro de salud la derivaron al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le extraen una parte del tumor, detectado en las partes blandas de su cuello, sin explicarle que en su estado, no podía quedar embarazada y la derivan al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe.
En diciembre, Ana María Acevedo llega hasta el hospital para comenzar su tratamiento de quimioterapia y rayos. Sin embargo, el Comité de Ética y sus directivos le negaron la posibilidad de acceder a una terapia que al menos, le pudiera brindar algún camino posible ante el cáncer. Le informaron que tenía un embarazo de tres semanas, pero nada le dijeron acerca de su derecho, contemplado en el artículo 86 del código penal, de apelar a un aborto terapéutico.
Cuatro meses después, ya con su embarazo de 5 meses y con el mismo dolor intenso que venía soportando desde el mes de mayo, le realizan una cesárea al detectarle incompatibilidad sanguínea con el feto. Por este mismo motivo, Ana Maria había solicitado tiempo atrás la posibilidad de realizarse, ante riesgo de embarazo, una ligadura de trompas, que también le fue negada.
En abril de este año, Ana María se somete a la cesárea y el recién nacido logra vivir solo 24 horas. Ya con su estado de salud deteriorado, con un cáncer avanzado, con fuertes dolores y sin ningún tipo de tratamiento posible, Ana María entra en coma farmacológico y muere, con tan solo 20 años y con tres hijos pequeños, el 17 de mayo en el Hospital Iturraspe.
“Una vez más se incumple la ley en la Argentina y se somete a una mujer a correr un grave peligro para su vida y se desprotege la vida de sus tres pequeños hijos. Una vez más esto le pasa a una mujer joven y que vive en situación de pobreza”, afirman desde las organizaciones de mujeres que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y gGratuito, y además, reclaman “¡Basta de injusticia! ¡basta de impunidad para quienes en lugar de cumplir con la misión de sanar a las personas a la que los obliga su condición de médicos/as, ponen por delante sus creencias personales y terminan haciendo abandono de personas, que en definitiva es atentar contra su salud y su vida!” .
Desde la Multisectorial de Mujeres expresaron su “profundo repudio al avasallamiento de los derechos a la salud y a la vida” y manifestaron que “Ana María sufrió discriminación por ser analfabeta, poseer escasos recursos materiales y simbólicos para lograr comunicarse y exigir la atención médica adecuada, no tuvo ni una sola oportunidad de elegir sobre su cuerpo”.
En una nota de opinión publicada en el diario La Capital, el miércoles 23 de mayo, Viviana Della Siega, de Insegnar, decía “se suceden las muertes de las mujeres pobres porque una red de intereses, prejuicios, hipocresía e insensibilización ha decidido negarles el derecho a decidir sobre su propio cuerpo” y también denunciaba la falta de implementación de la educación sexual en las escuelas a pesar de estar sancionada desde hace 15 años en la provincia, la mala distribución de anticonceptivos en todos los sectores sociales y la violación de derechos que contemplan la interrupción de embarazos en casos no punibles. “El reciente caso de Ana María es una muestra de ello. Y así estamos, frente a una muerte que quizás, se podría haber evitado.”
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